Víctimas de trata de seres humanos y extranjería (y III)

Hemos tratado en este blog el entramado legal diseñado para proteger a las víctimas de trata de seres humanos, especialmente cuando son víctimas que colaboran como testigos, cooperadores muchas veces indispensables para conseguir la condena de los criminales. El diseño sobre papel queda perfectamente desarrollado, pero de ahí a la realidad en muchas ocasiones hay un mundo.

Estos días se está hablando de las víctimas-testigos del “caso Carioca”. La operación Carioca destapó una red de tráfico de seres humanos con epicentro en la provincia de Lugo, trama en la que están imputados, además de los responsables de los burdeles, más de 20 agentes de la autoridad y un ex subdelegado del gobierno. Llevan investigando más de cuatro años y hay doscientos tomos llenos de folios de interrogatorios, pruebas y diligencias en un juzgado de instrucción de Lugo. Ese juzgado de instrucción se ocupa de muchos otros asuntos además de este.

Las mujeres que se atrevieron a prestar testimonio sobre la violencia física y psicológica a la que fueron sometidas, de las humillaciones y abusos siguen asustadas. Y lo que es aún más grave, se sienten desprotegidas e ignoradas por nuestra maquinaria burocrática. El “caso Carioca” es peculiar hasta para proteger a las testigos; basta con que cada uno de los 23 imputados que son parte de las fuerzas de seguridad del Estado tengan dos amigos en la administración o en las propias fuerzas de seguridad dispuestos a entorpecer para que la cadena de despropósitos de la administración se ponga en marcha de forma inexorable y muy difícil de probar.

En este asunto, a una de las testigos protegidas llegaron a expulsarla del país ejecutando la orden de expulsión con la que la red extorsionadora la amenazaba. La jueza de instrucción tuvo que reclamar su regreso desde Brasil. Las que permanecen en España tienen un permiso de trabajo y residencia que depende de su ocupación efectiva, por lo que si dejan de cotizar a la Seguridad Social dejan de tener derecho a residir en España. Además, el permiso de residencia sigue teniendo su sede de renovación en la comisaría en la que están empadronadas, por lo que tiene que cruzar los dedos para que la extensión de amigos entorpecedores de los imputados no llegue justo a la demarcación en la que viven. Y esto no es teoría de la conspiración. De hecho, uno de los proxenetas salió temporalmente de la cárcel con teóricas medidas de vigilancia que no le impidieron llamar por teléfono a los investigadores para tomarles el pelo, y circular por Galicia buscando a las testigos para amedrentarlas (curiosamente, consiguió ubicar a algunas). Reingresó en la cárcel, pero avivó las dudas.

Hay una directiva comunitaria, no traspuesta por España a pesar de estar obligada a ello, sobre protección a las víctimas de trata de seres humanos. España, Chipre e Italia han sido requeridas en noviembre para que la traspongan ya, porque el plazo máximo para la adaptación normativa terminaba en mayo del 2013.

La tan manida crisis, la falta de medios en los juzgados, los recortes en la administración, en educación, en igualdad (el padre del cabecilla de la trama descuartizó y quemó a su madre), y la falta de voluntad política de avanzar en el asunto, pueden llegar a convertir a España en un paraíso para estas redes. Si los testigos-víctimas no son protegidos y ayudados, al final estamos ayudando y protegiendo a los delincuentes.

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Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico de SIGA
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