Víctimas de trata de seres humanos y extranjería (II)

Una vez la víctima de trata de seres humanos ha reflexionado, si finalmente decide colaborar con la justicia se pone en marcha un mecanismo para que pueda acceder al permiso de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales. El procedimiento requiere de la actuación en positivo de las autoridades con las que se está colaborando, que deben remitir un informe sobre esa colaboración al órgano administrativo competente para la instrucción del expediente sancionador (que puede haberse tramitado o no) para que este órgano administrativo proponga al delegado o subdelegado del Gobierno competente que considera a la víctima exenta de responsabilidad en relación con la infracción de la ley orgánica de extranjería de estar en España en situación documental irregular. Si hay procedimiento iniciado o ejecución de la medida de expulsión o devolución acordada, en la misma resolución se zanja el tema. Obviamente si el delegado o subdelegado decide que no hay exención de responsabilidad, el procedimiento sancionador o la ejecución siguen adelante.

Una vez se le exime de responsabilidad, también se informa al extranjero de la posibilidad que tiene desde ese momento de presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales dirigida al titular de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, si la colaboración contra redes organizadas se produce con autoridades administrativas no policiales. La solicitud se presenta ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno que hubiera determinado esa exención de responsabilidad, con independencia de si está el extranjero en esa provincia o en otra, y podrá ser presentada personalmente o a través de un representante. No se exigen períodos previos de permanencia, ni oferta de contrato de trabajo. También puede pedir un permiso por otra causa, si tuviera derecho a él; la exención de responsabilidad funciona igualmente como “visado”.

Desde el momento de la solicitud, si esta se hace contando con informe favorable de la Administración, la víctima cuenta con una autorización provisional de residencia y trabajo de lo más polivalente, ya que puede trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y en cualquier provincia española. Cuando llega la resolución definitiva el permiso pasa a ser por cinco años, e igualmente sin límite geográfico ni de dependencia. La duración y los escasos límites son motivos para optar por este tipo de permiso en lugar de solicitar cualquier otro.

Puede ocurrir que la víctima sólo quiera volver a su país de origen. Para ello está diseñado el retorno voluntario asistido que comprende una evaluación, previa a la partida, de los riesgos y la seguridad, el transporte, así como la asistencia en el punto de partida, tránsito y destino. El retorno asistido será tramitado tan pronto como desaparezcan las causas que determinan la necesidad de permanencia en territorio español, si es que su permanencia es necesaria. En todo este proceso la víctima debe estar asistida por un intérprete e informada de las diversas opciones.

Nos encontramos, pues, ante un permiso “privilegiado” en el marco de una situación excepcional. Se premia la colaboración con la administración, con las autoridades y es la administración la que pone en marcha el mecanismo.

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SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico de SIGA
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