Víctimas de trata de seres humanos y extranjería (I)

En no pocas ocasiones la condición de indocumentado es utilizada en contra del extranjero por organizaciones delictivas de auténticos miserables. Cuando uno carece de documentación las autoridades no son percibidas como un aliado que te protege, sino más bien como el poder sancionador que primero te encierra y luego te lleva de vuelta a tu país de origen. Cargar las tintas sobre esa faceta resulta fácil cuando ya te tienen atemorizado y encerrado por otros motivos.

Esa situación de miedo insuperable se tiene en cuenta en la ley de extranjería, en su artículo 59.bis, que ha previsto un período de 30 días previos a la adopción de cualquier decisión por parte de la víctima, lo que se conoce período de restablecimiento y reflexión. Este período ayuda para que la víctima decida si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de la condición de  víctima (para la que hay un protocolo inscrito en la estrategia de violencia de género), como durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución que pueden haber sido acordadas antes o incluso durante el proceso si la víctima no se muestra como tal desde el primer momento .

Durante ese período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España en el momento de la identificación. Al finalizar el período de reflexión las administraciones públicas competentes pueden acordar una ampliación del período si las circunstancias de la víctima lo justifican.

Incluso está previsto que la Administración Pública competente vele por la seguridad y protección de aquellas otras personas que se encuentren en España con las que la víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar. Lástima que no se pueda alcanzar a las personas desprotegidas que están en el país de origen; el Estado español carece de competencias para ello y es frecuente que sean parte de la moneda de cambio de las mafias por el silencio de las víctimas.

Y es que todo el mundo tiene un precio, aunque no siempre sea en dinero.

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SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico de SIGA
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