¿Me van a detener?

¿Me van a detener?Este lunes una pareja tenía la intención de realizar los trámites iniciales de su expediente matrimonial, para lo cual, con toda la documentación, se dirigieron al Registro Civil de una pequeña capital de provincias. Pequeña capital de provincias, definición que abarca a la mayoría de las de las  50 provincias que sumadas se convierten en España.

En la puerta del edificio de los juzgados en el que se ubica el Registro, un amable policía nacional, ya entrado en canas, revisa el contenido de bolsos, mochilas y abrigos (además de cumplir con las funciones de ventanilla de información). Al ver al policía una de las futuras contrayentes se pone lívida y se niega a entrar en el edificio. No se trata de una delincuente buscada, sino de una ciudadana venezolana, todavía en España a pesar de la caducidad de su estancia sin visado de tres meses. Aterrorizada ante la perspectiva de pasar cerca de quien asocia con la capacidad de detenerla y expulsarla, se muestra incapaz de iniciar el trámite, a pesar de la insistencia de su futura cónyuge española, que no deja de sorprenderse del pánico al policía. Quiero creer que para el español medio un policía nacional está lejos de ser un símbolo de terror.

El derecho a contraer matrimonio, a formar una familia, nada tiene que ver con la situación administrativa de los contrayentes. Es un acto jurídico de constitución de una sociedad que trasciende a la documentación de residencia, si bien requiere certeza sobre la identidad. Esta certeza se obtiene al margen del permiso de residencia y el visado y no puede ni pretende ser impedida por la Policía por el mero hecho de que haya un contrayente extranjero no residente.

Los inmigrantes irregulares no son delincuentes. La Policía Nacional, aunque tiene competencias en extranjería porque las tiene en documentación, tiene como prioridad a los delincuentes, grupo humano no coincidente con el de inmigrantes irregulares. Si detectan la situación documental irregular tienen la obligación de iniciar un expediente, pero no suele ser ese el objetivo principal de su trabajo diario.

Cierto que hay redadas en locutorios, zonas de copas, locales de alterne y aceras de top manta. Y de esas redadas salen expedientes de expulsión. Porque es muy probable que en cualquiera de esos lugares encuentren a inmigrantes indocumentados, a inmigrantes documentados y a nacionales. Y “negocios” cuestionables, cuando no abiertamente delictivos, que trascienden al hecho de la documentación de cada cual. No son habituales redadas en un centro de salud, a la puerta de un instituto o en un supermercado.

En el día a día de este país miles de inmigrantes en situación administrativa irregular se levantan cada mañana e intentan construir una vida. Una vida muy difícil porque la documentación les impide acceder a oportunidades y servicios. Aunque no todo está vedado. Espero que el próximo lunes haya más suerte y que Teresa consiga vencer su miedo, que consiga entrar en el edificio del Registro.

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SIGA

Sonia Canay. Gestora administrativa
Departamento Jurídico de SIGA
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