La importancia del empadronamiento municipal

Comentábamos la semana pasada parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera contraria a la Carta Magna una disposición de la Ley de extranjería y encaja interpretativamente otras disposiciones de mucha importancia. Y no hablo sólo de relevancia jurídica, sino también de relevancia en la calidad de vida y en el acceso a la integración social de los extranjeros en España. Porque a mi modesto entender compartir médico de familia, colegio, equipo de fútbol, asociaciones, burocracia… es parte importante de nuestro mutuo conocimiento y aceptación.

El recurso que da origen a la sentencia cuestionaba la constitucionalidad de la posibilidad del derecho de acceso desde Administraciones Públicas distintas del ayuntamiento y, en particular, de la Dirección General de la Policía a los datos de empadronamiento de los extranjeros, posibilidad que, entendía el recurrente, “representan una limitación del contenido esencial del derecho a la autodeterminación informativa que no responde a un objetivo preciso ni resulta necesaria en una sociedad democrática, por cuanto mantiene un amplio espacio de incertidumbre en la determinación de los supuestos en los que no es necesario el previo consentimiento del afectado para la cesión de los datos contenidos en el padrón, ni tampoco se respeta la finalidad con la que los mismos fueron recogidos”.

Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, “todo español o extranjero que viva en territorio español deberá empadronarse en el municipio en que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año”. Por tanto empadronarse no sólo es un derecho, es un deber. Los extranjeros cumplen con ese deber y se empadronan para poder acreditar a medio plazo su arraigo social demostrando de forma fehaciente su residencia en España, para que les puedan asignar un colegio a sus hijos, en tiempos para que se les asignase un médico, para poder casarse según algunos registros civiles… No se empadronan para que resulte fácil ubicarles para determinar que están en España en situación irregular. La disposición adicional séptima de dicha ley de bases establece “Para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sobre control y permanencia de extranjeros en España, la Dirección General de la Policía accederá a los datos de inscripción padronal de los extranjeros existentes en los Padrones Municipales, preferentemente por vía telemática.

A fin de asegurar el estricto cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal, los accesos se realizarán con las máximas medidas de seguridad. A estos efectos, quedará constancia en la Dirección General de la Policía de cada acceso, la identificación de usuario, fecha y hora en que se realizó, así como de los datos consultados.

Con el fin de mantener actualizados los datos de inscripción padronal de extranjeros en los padrones municipales, la Dirección General de la Policía comunicará mensualmente al Instituto Nacional de Estadística, para el ejercicio de sus competencias, los datos de los extranjeros anotados en el Registro Central de Extranjeros.

Se habilita a los Ministros de Economía y del Interior para dictar las disposiciones que regulen las comunicaciones de los datos de los extranjeros anotados en el Registro Central de Extranjeros por medios electrónicos, informáticos o telemáticos al Instituto Nacional de Estadística”.

Se autoriza en esa norma, por tanto, la cesión de datos del padrón de habitantes sólo de determinado grupo de personas (nada se dice de los españoles, y la mención a la ley de extranjería deja también fuera a los comunitarios) a una Administración distinta de la que los gestiona y recaba, con un fin diferente al que la propia ley manifiesta tiene la recogida de esos datos y sin contar con la autorización de su titular. Por tanto se limita para un grupo determinado de población, los extranjeros no comunitarios, el contenido del derecho fundamental a la protección de los datos personales (art. 18.4 de la Constitución). No se limita para los extranjeros en situación administrativa irregular, sino a todos los extranjeros no comunitarios.

Razona el voto discrepante con la sentencia que “si la finalidad de la cesión de datos es incoar un expediente de expulsión, entonces no deberíamos admitir que los datos del padrón fueran también condición de prueba del arraigo, porque ambas finalidades son incompatibles, lo que hace que la cesión, en este caso sea desproporcionada teniendo en cuenta las consecuencias sobre la situación de extranjeros efectivamente integrados en España. Del mismo modo, tampoco puede exponerse a los menores a una situación de exclusión de la escolarización obligatoria -en tanto que contenido esencial del derecho fundamental a la educación del que como ya ha reiterado este Tribunal, gozan también los extranjeros en situación irregular (por todas, STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8)- porque sus progenitores o tutores, en situación de irregularidad, opten por no inscribirse en el padrón ante el riesgo de ser sometidos a expediente de expulsión y localizados con datos obtenido de esa inscripción”. Y es un razonamiento difícil de atacar.

A pesar de este sólido argumento, la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional entienden que si se trata “de un acceso específico en cada caso ajustado a los datos que resulten precisos para la tramitación de un expediente determinado y no de un acceso masivo o indiscriminado” nos encontramos con un acceso que no vulnera derecho constitucional alguno.

Intuyo que, con este texto, el Tribunal Constitucional ha dejado abierto el uso de una herramienta de acceso a la DGP que en la práctica va a generar una enorme conflictividad. Como mínimo habrá ayuntamientos –responsables de la tutela de los datos- que quieran cerciorarse de cómo y por qué se pretende acceder a los datos de alguien concreto; y habrá investigaciones policiales que no quieran dar muchas explicaciones al ayuntamiento. Sin contar con actuaciones que puedan ser anuladas por accesos injustificados a los datos.

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SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico de SIGA
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