La enésima reforma (judicial) de la Ley de extranjería

La dimensión del despropósito legislativo en materia de extranjería es fácil de visibilizar por los vaivenes de la propia norma, que es una ley orgánica y como tal debería de ser materia de especial consenso y delicadeza en la técnica empleada para expresarse. Tener la paciencia de seguirle la pista a una ley como esta Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero), modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre; por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio y por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, también ha sido retocada por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, y la Ley 2/2012, de 29 de junio. Con tanto retoque tendría que haber quedado perfecta. Pues no, ya que algunos de sus preceptos han sido recurridos y declarados inconstitucionales.

Ya en el 2007 se atendió lo expuesto en diversos recursos con respecto a los artículos 7.1, 8, 9.3, 11.1 y 22.2 artículos que así como quien no quiere la cosa, inconstitucionales y todo, estuvieron en vigor durante 7 años. Aún no está resuelto el recurso 2085/2010 promovido contra el art. 9.2 y acaba de resolverse un recurso de febrero de 2004 (interpuesto por el Parlamento vasco en relación a las modificaciones de 2003). Esta vez el precepto inconstitucional ha estado vigente 9 años. El asunto del 2010, en esa progresión, será resuelto entorno al 2022.

La sentencia tiene un voto particular que a mí particularmente me parece especialmente sensato y clarificador, y ya es la segunda vez que me pasa en un par de meses que entiendo mejor el razonamiento que da origen al voto discrepante que la decisión mayoritaria.

Dejando el voto discrepante para el próximo post (ahí el tema es el acceso de la Policía Nacional a la información del padrón municipal), la sentencia declara que el punto 6 del artículo 58 –que con los cambios que ha sufrido la ley desde entonces son ahora es el inciso 7 – no se ajusta a los mínimos que la Constitución establece. Dicho punto habla sobre la sanción añadida a la devolución de prohibición de entrada al territorio español por 3 años y reinicio del cómputo para quien tenga una orden de expulsión e intente reingresar en España. El Tribunal Constitucional aclara que “A diferencia de la expulsión, la devolución pretende evitar la contravención del ordenamiento jurídico de extranjería, por lo que no comporta en sí misma una sanción sino una medida gubernativa de reacción inmediata frente a una perturbación del orden jurídico, articulada a través de un cauce flexible y rápido. No concurre así en la orden de devolución la “función represiva, retributiva o de castigo” (…), propia de las sanciones. Dicha resolución administrativa no suprime o restringe derechos pertenecientes a su destinatario “como consecuencia de un ilícito” (STC 48/2003, de 12 de marzo) sin perjuicio de que, tal como deriva del art. 20.2 LOEx, habrán de respetarse las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones”. Como no se impone tal sanción a través de un procedimiento sancionador, con sus garantías, la sanción es inconstitucional. Ojo, sólo se pronuncia sobre el supuesto de primer intento con devolución, no sobre el de reingreso del ya sancionado.

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SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico de SIGA
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Una respuesta a La enésima reforma (judicial) de la Ley de extranjería

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