Igualdad de los ciudadanos comunitarios en materia de prestaciones

Igualdad de los ciudadanos comunitarios en materia de prestacionesLa familia española Peña‑García vivían juntos como pareja desde hacía varios años en España y formaban una unidad económica, sin estar casados ni haberse registrado como pareja de hecho, con una hija común, y con el hijo todavía menor de edad de él. El caso es que esta familia decidió emprender rumbo a Alemania, allá por el 2012. La mujer trabajó esporádicamente, escolarizaron a los niños, y, dado su nivel de ingresos y las dificultades iniciales del varón para encontrar trabajo, pidieron prestaciones no contributivas. Les concedieron prestaciones familiares por hijos a cargo, aunque no la de subsistencia.

Una prestación no contributiva, como su propio nombre indica, nace de una situación de necesidad que se cubre con fondos a los que el beneficiario no ha contribuido de forma directa en ninguna medida. Son prestaciones pensadas para garantizar niveles más o menos dignos de subsistencia. La prestación de subsistencia alemana es un subsidio para paliar situaciones de emergencia social y no implican ayuda para el acceso al mercado de empleo.

La familia Peña García se encontró con una denegación de las ayudas de subsistencia, ya que ni él ni su hijo llevaban 3 meses empadronados en Alemania y, en el momento de la solicitud, ni eran ni habían sido trabajadores por cuenta propia o ajena. A un ciudadano no le hubieran puesto este requisito como condición para acceder a este subsidio. Cuando superaron la barrera de los 3 meses, accedieron a la prestación.

Hay una disposición europea que establece expresamente que el Estado miembro de acogida “puede denegar a personas que no sean trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o que conserven tal condición toda prestación de asistencia social durante los tres primeros meses de residencia”. Y ello en directa relación al hecho de que “los Estados miembros no pueden exigir que los ciudadanos de la Unión posean medios de subsistencia suficientes y una cobertura médica personal cuando realizan una estancia de tres meses de duración como máximo en sus respectivos territorios, es legítimo no obligar a dichos Estados miembros a hacerse cargo de esos ciudadanos durante tal período”. Sobre esta base el estado alemán establece sus límites en las prestaciones no contributivas, que acaban afectando a los Peña García.

Y es sobre la legalidad de esta disposición que Tribunal Regional de Seguridad Social de Renania del Norte‑Westfalia (Alemania) eleva una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la familia Peña García reclama su derecho a recibir prestaciones en las mismas condiciones que un alemán.

Y el Alto Tribunal entiende que las normas sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, no se opone a una normativa de un Estado miembro que excluye de la percepción de determinadas «prestaciones especiales en metálico no contributivas», o de una «prestación de asistencia social», a los nacionales de otros estados miembros que se encuentren en una situación de residencia de los primeros tres meses en los que no están sometidos a formalidades.

Tengo que reconocer, como anécdota, que me llama la atención  el hecho de que las sentencias de derecho comunitario especifiquen el nombre de las personas que intervienen en los hechos. En las sentencias de los altos tribunales españoles se disimula la identidad de las partes bajo nombre generalmente poco frecuentes, de hecho muchas veces son nombres tan rebuscados que llaman la atención.

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Sonia Canay. Gestora administrativa
Departamento Jurídico de SIGA
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