El procedimiento de expulsión (II)

La sala segunda del Tribunal Constitucional en sentencia del 1 de octubre de 2012, publicada el 1 de noviembre del mismo año, relata unos hechos bastante comunes en los expedientes de expulsión y que no llegan a los altos tribunales todas las veces que debieran.

Un ciudadano es detenido en una estación (estaciones de tren y metro, locutorios, cabinas telefónicas y grandes centros comerciales son lugares habituales para servicios de vigilancia y control de la Policía Nacional), careciendo de documentación que acredite su estancia regular en España. En base a ese único hecho administrativo (contemplado como sancionable en el artículo 53 a) de la ley de extranjería) se inicia procedimiento preferente, a pesar de que el artículo 234 del reglamento de extranjería limita la utilización del procedimiento preferente en los supuestos del artículo 53 a) a los supuestos en que concurre además alguna de las siguientes circunstancias:

a. Riesgo de incomparecencia.
b. Que el extranjero evite o dificulte la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
c. Que el extranjero represente un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

El procedimiento no encajaba con los hechos y el perfil del sancionado, lo que se alegó en la fase correspondiente del expediente. Y resultó que en la propuesta de resolución, cuando la fase de contradictoria ya estaba superada, se incluye un hecho nuevo para fundamentar la decisión de sustituir multa por expulsión: datos negativos de conducta al haber sido detenido en una ocasión por presuntos malos tratos en el ámbito familiar. La valoración de la administración es torticeramente prudente: no hay antecedentes penales, no ha sido condenado, y no se dice tal cosa en la resolución, pero la detención supone automáticamente una “mala conducta” (presunción de inocencia penal, sí, pero si te detuvo la policía fijo que fue por portarse mal) con relevancia suficiente para sustituir 600 euros de multa por 5 años de expulsión. Y todo esto se argumenta cuando el administrado ya no puede manifestar objeción alguno, o aportar pruebas de que no hay tal mala conducta.

El sancionado recurre al Tribunal Constitucional porque considera que se han vulnerado sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

El tribunal considera vulnerado claramente el primero de los derechos fundamentales cuyo ejercicio se reclama (defensa) y ya no entra en considerar los demás, que están entroncados con él. Explica la vulneración muy claramente:

“Este Tribunal, en relación con una alegación idéntica resuelta en la STC 145/2011, de 26 de septiembre, ya ha recordado que las garantías procesales establecidas en el art. 24.2 CE son aplicables también a los procedimientos administrativos sancionadores, en cuanto que son manifestación de la potestad punitiva del Estado, con las matizaciones que resulten de su propia naturaleza, y que entre esas garantías está el derecho de defensa, que impone a la Administración no sólo el deber de comunicar al afectado la incoación del expediente sancionador, sino, además, que le dé la oportunidad de alegar en el curso del mismo lo que a su derecho convenga, así como de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes. Igualmente, (…)por la relevante función que en el seno del procedimiento sancionador cumple la propuesta de resolución su falta de comunicación al interesado supone una violación del derecho de defensa que tendrá relevancia constitucional siempre que provoque una disminución de las posibilidades de defensa, entendidas como conjunto de facultades de alegación y prueba frente a unos determinados hechos, así como de mantenimiento de los términos esenciales del debate Por último, (…), producida la vulneración del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador, el hecho de que el demandante de amparo disfrutara posteriormente en el proceso judicial de la posibilidad de alegar y probar lo que consideró oportuno no subsana la vulneración del derecho a la defensa, toda vez que el titular de la potestad sancionadora, quien debe ejercerla a través de un procedimiento respetuoso con las garantías constitucionales, es la Administración pública, siendo el único objeto del proceso contencioso-administrativo la revisión del acto administrativo sancionador.

En el presente caso, como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, ha quedado acreditado, en primer lugar, que el acuerdo de incoación del expediente sancionador sólo puso de manifiesto como circunstancia relevante que el demandante carecía de documentación que acreditara su estancia regular en España. En segundo lugar, que es en el escrito de la propuesta de resolución en el que se hacen constar como nueva circunstancia que el demandante contaba con una detención policial previa por supuesto delito de malos tratos físicos en ámbito familiar. En tercer lugar, que no consta en el expediente administrativo remitido a este Tribunal la notificación de la propuesta de resolución al demandante o su abogado. Y, por último, también se acredita que la resolución administrativa sancionadora justifica la sustitución de la pena de multa por la de expulsión en la existencia de esta previa detención como demostrativa de un comportamiento antisocial en nuestro país.

En atención a lo expuesto, y tal como también interesa el Ministerio Fiscal, debe concluirse que se ha vulnerado el derecho de defensa del recurrente, toda vez que ha quedado acreditada la doble circunstancia de que no se notificó la propuesta de resolución del expediente y de que ésta contenía una nueva y concreta circunstancia, como era el hecho de la detención, que ha sido determinante para que la Administración decidiera sustituir la sanción principal de multa por la más gravosa de expulsión del territorio sin dar la oportunidad al recurrente de alegar o proponer prueba respecto de la misma”.

Lamentablemente, no todos los expedientes tramitados de esta manera llegan al Tribunal Constitucional.

Acceso aplicación experta para gestores

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico de SIGA
Esta entrada fue publicada en General y etiquetada , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a El procedimiento de expulsión (II)

  1. Mirek dijo:

    Hola.
    Vivo desde 2008 en España. Estuve casado con una Española que desde 2010 abandonó el domicilio familiar y hasta el dia de hoy esta en paradero desconecido.
    En 2013 se me denegó la nacionalidad y a final de año la renovación(me tocaba la permanente).
    La subdelegación alega que no estuve viviendo en España. A pesar de enviar mas de 50 paginas de preubas (contrato de trabajo, vida laboral, alquiler, luz, etc…), se desetimó mi recurso.
    Que puedo hacer¿ Me pueden expulsar¿
    Estoy desesperado. Ayudenme por favor.
    Gracias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>