El informe de integración social

La Instrucción SGIE/2/2012, de 29 de junio, derogatoria de la Instrucción GI/SGRJ/8/2011, sobre aplicación del Reglamento de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en materia de informes sobre esfuerzo de integración, que salió de la secretaría general de inmigración y emigración el 2 de julio, ha dejado un preocupante vacío a la discrecionalidad en las renovaciones de aquellos extranjeros que vienen sufriendo de una situación laboral precaria.

El informe positivo de integración social se menciona en el artículo 31.7 de la ley de extranjería como un punto a valorar especialmente para las renovaciones de autorizaciones de residencia temporal (que son todas aquellas que superen los 90 días y no lleguen a cinco años). Sobre esa previsión legal se dictó la Instrucción GI/SGRJ/8/2011, que limitó la necesidad del informe a los supuestos de renovaciones de autorizaciones  de residencia temporal no lucrativa, reagrupación familiar, temporal y trabajo por cuenta ajena y temporal y trabajo por cuenta propia. La instrucción define (definía en puridad) el informe como no exigible pero muy a tener en cuenta, especialmente en supuestos en los que los administrados presentan situaciones de carrera de cotización muy limitadas. El informe daba la oportunidad de presentar documentación alternativa para demostrar la viabilidad del sostenimiento económico del trabajador y la valoración del esfuerzo hecho para integrarse en la sociedad española. Se valoraba la asistencia a cursos de idiomas, la participación en actividades culturales, en agrupaciones deportivas o vecinales…

Al desaparecer este informe, además de dejar coja la previsión del artículo 31.7 de la ley, las posibilidades de que se dimensione la situación de los trabajadores que pretenden la renovación desde un punto de vista más humano, más específico, se diluyen. La Administración puede perfectamente dedicarse al punto de vista puramente objetivo, en el que el cumplimiento de los requisitos de cotización o posibilidad de oferta de trabajo firme y solvente (una empresa solvente, entre otras cosas, es una empresa sin deuda de seguridad social) son cada vez menos frecuentes. Eso llevará a la irregularidad documental, que no va a provocar regresos a su país de origen, sino mayoritariamente trabajos precarios en la economía sumergida y exclusión social.

Puede que el mecanismo no fuese perfecto, pero su supresión no deja vías para introducir matices en unos expedientes que van más allá de una mera renovación de autorización, en muchos casos lo que se resuelve son las expectativas de vida futura de los administrados.

Acceso aplicación experta para gestores

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico de SIGA
Esta entrada fue publicada en General y etiquetada , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>