El calvario de invertir en España

La burocracía administrativa en EspañaEn no pocas ocasiones una sociedad española está sustentada por socios no nacionales. Esos socios pueden ser personas físicas o jurídicas, tener o no el control de la sociedad y ser residentes legales o no en España. Cada una de esas situaciones conlleva una distinta documentación, porque la aplicación práctica  de la legislación mercantil es cualquier cosa menos sencilla  a fuerza de pejiguera y, además, es frecuente el choque de dos figuras a las que se supone expertos en derecho: el notario y el registrador mercantil.

A principios de este año una de estas polémicas notario-registrador con elemento extranjero saltó a las páginas del BOE (Boletín Oficial del Estado). Érase una vez una sociedad noruega que no desea ejercer  directamente actividad económica en España, y resuelve (con el loable propósito de ejercerla indirectamente y ahorrarse papeleo) adquirir todas las acciones de una sociedad  unipersonal que ya tenía una vida mercantil consolidada en nuestro país.

El señor notario autorizó la escritura de compraventa sin que la sociedad noruega hubiese tramitado un NIE (Número de Identidad de Extranjero) propio, considerando suficiente la presentación del NIE la persona física administrador único, ciudadano noruego, que había seguido previamente el trámite para obtenerlo. El notario autoriza la escritura por entender que pedir más requisitos sería mantener el régimen excesivamente burocrático y rígido de nuestro recargado universo jurídico, en sintonía con los supuestos esfuerzos del legislador por reducir los trámites para la creación y gestión de empresas que permitan dinamizar la economía española.

El registrador mercantil suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, “en la escritura presentada debe constar el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o Número de Identificación Fiscal (NIF) correspondiente a la socia única – la sociedad noruega-, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.”  Y eleva la controversia a la Dirección General de Registros y el Notariado.

La Dirección General de Registros y el Notariado no mira a la ley de extranjería, por ser toda una ley orgánica, sino que se fija en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, decreto de largo nombre y dimensión considerable (200 artículos).

Entiende que la socia única noruega según la normativa tributaria tiene  potencialmente obligaciones tributarias más allá de las de la sociedad española que controla. “Aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el artículo 35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que denomina responsables del tributo de conformidad con el artículo 41 de la misma Ley.” Por tanto, le da la razón al registrador -al no inscribir- aunque usa un argumento totalmente diferente.

En conclusión, una “sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de responsabilidad limitada española debe estar dotada del correspondiente Número de Identificación Fiscal para el caso de tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados”. Un trámite más, por muy comunitario que seas (Noruega tiene un tratamiento análogo a un país de la Unión Europea).

De los argumentos de la empresa noruega, que no debe dar crédito a que tres expertísimos en derecho den tres interpretaciones distintas a un acto de trámite que debiera estar clarísimo, destaco uno que me ha llamado la atención: un inversor extranjero en Bolsa, por ejemplo un Fondo de Inversión, ¿debería también solicitar un NIE antes de comprar acciones u obligaciones y para ello enviar a un apoderado con poder bastante, apostillado o legalizado consularmente u otorgado en un consulado español en el extranjero antes de invertir? La respuesta de sentido común y lógica, pero también jurídica tiene que ser un rotundo no…, pues a lo mejor resulta que es un sí.

La farragosidad burocrática española, a la que están encadenadas empresas y ciudadanos, no consigue evitar los fraudes (de hecho los multiplica) y entorpece la actividad muy seriamente. Estandaricemos procesos, simplifiquemos procedimientos… el vuelva usted mañana de Larra cumplirá el próximo enero 182 años y es como si hubiera sido escrito ayer.

Acceso a contenido experto para gestores

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Sonia Canay. Abogada. Departamento Jurídico-laboral de SIGA
Esta entrada fue publicada en Extranjería y etiquetada , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>